COMUNICADO DE FASPI, FSES Y USAE ANTE LAS MEDIDAS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE REEQUILIBRIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
FASPI (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes), integrada por SAFJA (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía); FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), integrada por SATSE (Sindicato de Enfermería) y ANPE-Sindicato Independiente; y USAE (Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería)
MANIFIESTAN:
1. Que el nuevo gobierno andaluz incumple, mediante el nuevo plan económico-financiero de reequilibrio, sus compromisos electorales en materia de política social, transcurridos apenas unos días de su toma de posesión.
2. Que las medidas establecidas en dicho plan afectan directa y negativamente al funcionamiento de servicios públicos esenciales para los ciudadanos como la Sanidad y la Educación.
3. Que estos ajustes ignoran la opinión y propuestas de los legítimos representantes de los funcionarios y trabajadores públicos al servicio de la Junta de Andalucía.
4. Que los funcionarios y trabajadores públicos no son responsables de la crisis económica y ya han sido suficientemente castigados con recortes retributivos por el gobierno central, como para ahora añadirse nuevos recortes a cargo del gobierno autonómico.
5. Que el deterioro de las condiciones de trabajo de los funcionarios y trabajadores públicos, lejos de mejorar la situación económica, contribuirá a su empeoramiento y provocará una disminución de la calidad de los servicios públicos.
6. Que existen vías alternativas para la reducción del déficit público tales como la reducción de consejerías, direcciones generales, asesorías y puestos de libre designación; el ahorro en dietas y gratificaciones; la supresión de subvenciones injustificadas e improductivas; la racionalización y simplificación burocrática; la persecución del fraude fiscal y el desmontaje de aquellas empresas, fundaciones y agencias que, a modo de “administración paralela” desempeñan actividades propias de la función pública.
Por todo ello, EXIGIMOS al gobierno de la Junta de Andalucía una rectificación de su política acorde con las promesas realizadas en campaña electoral a la sociedad andaluza, apostando por unos servicios públicos de calidad al servicio del ciudadano y por el respeto a las condiciones laborales de sus funcionarios y trabajadores en el marco de la negociación colectiva.
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