La Junta advierte del despido de 15.000 docentes por los recortes de Rajoy

También alerta de la supresión de las ayudas a la dependencia y de programas pioneros como el de niños sin males hereditarios

12.04.12 María Dolores Tortosa. DIARIO IDEAL GRANADA

La Consejería de Hacienda de la Junta guarda mutismo y sigue sin extrapolar los recortes de Rajoy a los Presupuestos andaluces hasta que el Gobierno no especifique y aclare las partidas y las políticas a las que va asignado el reajuste de los 10.000 millones en Educación y Sanidad anunciados a última hora. Pese a ello, los consejeros de las áreas sociales (Educación, Sanidad y Dependencia) sí advierten de que sean cuales sean las fórmulas de ahorro del Gobierno, estas supondrán ajustes muy serios y dramáticos: el despido de personas y la puesta en peligro o desaparición de programas pioneros. En concreto, el consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, volvió a advertir ayer de que en su área los recortes pueden suponer el despido de 15.000 docentes interinos.

La Junta deduce este número de las posibles fórmulas que el Gobierno baraja para recortar 3.000 millones en Educación, como aumentar la ratio de alumnos por clase y el número de horas lectivas. De la Chica opina que en el único ámbito que se puede ahorrar de forma masiva en Educación es en personal. «Para llevar a efecto ese brutal recorte hay que despedir a profesores. Por lo tanto, el debate no es si aumentamos los niños por clase o si les ponemos más horas a los profesores; ese es el medio. El fin es despedir a profesores porque, si no, no va a haber recortes», dijo ayer en Carmona, según recoge Europa Press.

El consejero advierte además que estas reformas solo pueden aplicarse a partir de septiembre, con el nuevo curso, porque ahora es complicado habilitar clases y cambiar horarios, a dos meses de final de curso. El ministro Wert informará el lunes a los consejeros sobre la orientación de los recortes. La Junta había presupuestado para este año 7.615,3 millones de euros en educación, incluidas universidades, un 2,5% más que en 2011.

El Gobierno de Griñán presupuestó para 2012 unas cuentas de algo más de 32.000 millones de euros. El 75% de ellos destinados a políticas sociales. Solo el recorte de ingresos contenido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) supone una merma de 2.500 millones aproximados. Esta cifra estaba por concretar, pero ya se ha quedado vieja con el último anuncio de Rajoy. Fuentes de la Consejería de Hacienda insistían ayer en que se trabaja y se hacen números para modificar el Presupuesto, pero insisten en que a falta de los datos del Gobierno no se va a aventurar nada.

Entre la próxima semana y la siguiente, los titulares en funciones de Bienestar Social, Sanidad y Educación se sentarán con los ministros de sus áreas para conocer el sentido de la tijera. Además de Álvarez de la Chica, los titulares en funciones de Sanidad y Bienestar Social también han salido en tromba a criticar los ajustes del Gobierno.

Tijeretazo a dependientes

Micaela Navarro acudirá hoy al Consejo Territorial de Dependencia dispuesta a preguntar a la ministra de Sanidad, Ana Mato, qué va a pasar con la Ley de Dependencia, aunque hasta la conferencia sectorial del día 18 no sabrá el contenido de los recortes en todo su departamento. Navarro advierte de que el ajuste que aparece en los PGE significa un recorte de 70 millones de euros para Andalucía, lo que mermaría las ayudas a entre 40.000 y 50.000 personas atendidas en la comunidad autónoma. La consejera advierte que el ajuste deja «gravemente herida» la ley y en el paro a numerosas personas que trabajan en ayuda a dependientes.

María Jesús Montero advierte de que una nueva cartera de servicios básicos, como estipula el Gobierno, puede dejar fuera a programas pioneros en Andalucía, como el tratamiento quirúrgico para cambio de sexo y el Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP), que selecciona embriones libres de enfermedades hereditarias. La DGP ha permitido que dos niños con enfermedades puedan ser curados por sus hermanos sanos.

En declaraciones a Efe, la consejera asegura que los argumentos para suprimir estos programas o el de la interrupción de embarazo de la sanidad pública se deben más a motivos «ideológicos que a criterios de eficiencia».