La Junta califica de “ejemplar” la actuación de la Fiscalía contra las agresiones a profesores
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía ha calificado de “impecable y ejemplar” la actuación de la Fiscalía en los últimos casos de violencia contra profesores, tras el ingreso en la prisión de Albolote (Granada) de la primera mujer condenada a cárcel por atentar contra un docente. En opinión de Francisco Álvarez de la Chica, la pena de tres años de privación de libertad para la acusada, que golpeó en noviembre de 2010 a la maestra de su hijo porque el niño no había podido comerse su bocadillo durante el recreo, es el resultado final -en el ámbito de la justicia- de “una conducta que es reprobada de forma inequívoca y masiva” por la ciudadanía. “Se pone en sintonía -añadió el titular del ramo- el nivel de reprobación de la sociedad a una agresión hacia un servidor público de la importancia y el valor de un maestro y el poder judicial”.
29/08/2011 - Eduardo Navas
La consejería ya firmó con la Fiscalía Superior y con todos los fiscales de Andalucía un protocolo para que las agresiones a docentes fueran consideradas como delitos de atentado a una autoridad pública. El trabajo del Ministerio Público “demuestra que con el ordenamiento jurídico se puede proteger a los profesores. Nada hay peor que la violencia en una sociedad democrática, y en el ámbito educativo es doblemente intolerable”, argumentó Álvarez de la Chica.
Ejemplo de ello es el fallo que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha emitido contra Estefanía C.F., de 23 años, a la que se le atribuyó un delito de atentado, por el que además ya había sido condenada en otra ocasión anterior, y una falta de lesiones, por la que tendría que hacer frente al pago de una multa. Asimismo, se le impuso el pago de 300 euros de indemnización a su víctima por los daños morales ocasionados.
El suceso tuvo lugar poco antes de las 14.00 horas del día 18 de noviembre de 2010, cuando la mujer se personó en el colegio público Federico García Lorca de Fuente Vaqueros, dirigiéndose al aula donde estudia su hijo, en la que, al parecer, entró violentamente. A esa hora había una veintena de alumnos en clase y dos profesoras, a las que preguntó cuál de ellas había dejado sin merienda a su hijo. Tras la respuesta de una de ellas, la ahora condenada “la cogió del pelo, le propinó un empujón y la lanzó contra la pizarra”, según narra la sentencia. A consecuencia del ataque, del que fueron testigos los escolares allí presentes, la maestra sufrió una crisis de ansiedad.
Para el juez, esta conducta es “de un grado de gravedad extrema”, no precisamente por el resultado, “que ciertamente no fue tan grave”, sino “por la forma y el contexto en el que se llevó a cabo la acometida”; porque la denunciada irrumpió en el aula con violencia imponiéndose “a las propias labores de control y policía que tiene todo docente en su aula” y mostrando “el grado de educación y civismo más bajo que podía mostrar”. El magistrado entiende que si la mujer tenía intención de pedir explicaciones a la maestra, “cualquier persona normal puede juzgar que el modo en que lo hizo” fue “absolutamente desproporcionado e inapropiado”. Por ello, la gravedad deriva de “haber llevado a cabo su acción en presencia de niños de cinco años, incluido su hijo, que empiezan a interiorizar las normas de convivencia”, y a los que resulta “gravemente perjudicial” para su educación “observar la imposición violenta y agresiva” de la madre, además “de que es fácilmente imaginable” que la experiencia sea para ellos “traumática”.
El fallo judicial más severo La sentencia, que habla de un “claro desprecio a los principios de respeto a los derechos de los demás”, es la más severa de cuantas se han dictado en España por este asunto y, finalmente, ha acabado con la reclusión de la procesada, que acumulaba una condena anterior, de un año de prisión, por agredir a un sargento de la Guardia Civil.
Los hechos se desencadenaron a raíz de que el hijo de la agresora olvidara su merienda en el aula a la hora del recreo, motivo por el cual la maestra, una joven de 24 años que cubría una baja y apenas llevaba una semana en el centro, optó por pedirle al pequeño que compartiera el bocadillo que llevaba su prima, puesto que no podía dejarle ir solo a la clase ni ausentarse ella del patio. Poco después, hacia las dos de la tarde, su madre irrumpió con violencia en el aula para exigir explicaciones a la docente sobre por qué su hijo no se había tomado su merienda, y estalló la ira. “La acusada -añade la sentencia- menoscabó el principio de autoridad de la docente agredida y dio a los alumnos una lección práctica de cómo eludir el cumplimiento de las normas de conducta desde el momento en que represalió” a la profesora “de forma violenta y en presencia de los alumnos, por haber tratado de reprender el comportamiento” de su hijo.
El fallo judicial fue aplaudido por la comunidad educativa y por el equipo del propio colegio, que llegó a pedir medidas de alejamiento para la madre tras la agresión. La resolución también suscitó reacciones en la Junta de Andalucía. El consejero de Educación opinó por aquel entonces que la sentencia “da mucha esperanza de que pueda producir un efecto inhibidor en estas conductas”. “Deseo que muchos adultos se planteen que una condena de esta naturaleza puede ser extraordinariamente dura”, declaró Francisco Álvarez de la Chica.
