miércoles, 29 de febrero de 2012

Las protestas de estudiantes en Barcelona acaban en cargas de los Mossos

Hay tres detenidos y nueve heridos. La Policía rodea el Congreso Mundial de Móviles ante las decenas de miles de manifestantes

EDUARDO ORTEGA 29/02/2012 Público

Un coche y diversos contenedores arden esta tarde durante los incidentes registrados en la confluencia de las calles Diputación y Balmes de Barcelona. EFE

Las manifestaciones de estudiantes de este miércoles contra los recortes en Educación por las calles de Barcelona han acabado con cargas policiales y enfrentamientos entre los Mossos y varios de los manifestantes, que se dirigieron a primera hora de la tarde a la Fira de Barcelona, rodeada en estos momentos. [VER FOTOGALERÍA]

La Fira de Barcelona -en Plaça Espanya- donde se está celebrando el Congreso Mundial de Móviles, se encuentra en estos momentos fuertemente protegida por un cordón de antidisturbios y Mossos ante las decenas de manifestantes que se encuentran en las inmediaciones. Agentes han detenido a uno de los estudiantes cuando ha querido franquear la línea policial que les tenía rodeados. Esto ha provocado la reacción estudiantil, tirando objetos y una piedra, y alguna carga de los agentes.

"Menos policía y más educación" o "somos estudiantes y no delincuentes" han sido algunas de las consignas que han gritado.

El saldo provisional de las protestas es de tres detenidos y al menos nueve heridos leves, cinco de ellos mossos d'Esquadra, según ha explicado a Europa Press el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha acusado a los Mossos d'Esquadra de "reprimir" las protestas y ha exigido la liberación sin cargos de los tres detenidos. Por ello, medio centenar de estudiantes protestan de forma pacífica ante la comisaría de los Mossos d'Esquadra en el barrio de Les Corts de Barcelona.

Los estudiantes han convocado a las 21:00 horas una asamblea en plaza Universitat para decidir cuál va a ser la estrategia que van a seguir a partir de ahora.

El recinto universitario, tomado

Previamente, cientos de estudiantes han tomado el recinto de la Universidad de Barcelona, lo que ha llevado a que los Mossos rodearan el recinto universitario, en el centro de la ciudad, donde se han producido graves disturbios y enfrentamientos entre agentes del orden y manifestantes.

Al acabar la protesta algunas personas han incendiado contenedores

Durante la mañana, las protestas se han saldado con nuevas cargas policiales, después de que varios de los manifestantes hayan quemado contenedores y vehículos a su paso por algunas de las calles, como la confluencia de la calle de Balmes con Diputación o el Eixample.

Tras finalizar la manifestación, algunos manifestantes se han dispersado en grupos por el Eixample de Barcelona y han volcado y prendido fuego a varios contenedores. En una de las hogueras que se han formado, el fuego ha prendido en uno de los vehículos estacionados junto a los contenedores, informa Efe.

La protesta ha reunido a decenas de miles de personas —70.000 según los convocantes, 25.000 según la Guardia Urbana—, que han colapsado carreteras como la autopista AP-7 y el centro de la ciudad desde primera hora de la mañana. También han querido mostrar así su solidaridad con los estudiantes valencianos, duramente reprimidos por la policía en las últimas semanas.

Barcelona, colapsada

Decenas de miles de personas en Barcelona, entre estudiantes y personal universitario, han realizado una marcha en la Plaza de la Universidad de Barcelona que ha colapsado el centro de la ciudad. Por la mañana, los manifestantes cortaron varias autopistas y la estación de Bellaterra de los Ferrocarriles de la Generalitat, causando grandes retenciones. A las 10:30, unos 200 de estudiantes han llegado hasta la cadena SER, donde han leído un comunicado con sus reivindicaciones en directo en el programa 'Fora de Joc'.

La huelga a favor de la enseñanza pública en Catalunya ha sido secundada además por docentes, investigadores y personal administrativo, que muestran pancartas con el lema "No pagarem la seva estafa" y que los organizadores han calificado de "auténtico éxito". Esta protesta se suma a las que se celebran en cerca de una veintena más de ciudades que participan en los paros, concentraciones y manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes.

Protestas en más de 20 ciudades

En Barcelona, un grupo de estudiantes han entrado en la SER y han leído un comunicado en directo

En Valencia se han producido encierros en las universidades durante esta noche y una manifestación ha salido desde la Facultad de Historia a las 12.00 horas.

En Madrid ha habido una manifestación desde Cibeles a Sol, convocada por la red de asambleas universitarias de la comunidad, junto con la Asamblea Interinstitutos y Juventud Sin Futuro. Alrededor de mil estudiantes al grito de "somos estudiantes, no delincuentes" o "Todos somos el Luis Vives" han participado en ella. El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha acudido a la manifestación, donde ha declarado que los jóvenes "no quieren estar en un país con un 31% de fracaso escolar y que destina medio punto menos que la media europea al gasto en educación", informa Efe.

La pasada noche, más de un centenar de personas secundaron el encierro en varias facultades madrileñas en la jornada previa a las protestas. Hoy hay planificado un nuevo encierro centralizado en la facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el fin de establecer las próximas acciones de la que se ha denominado como #PrimaveraEstudiantil.

Además, estudiantes de institutos y de las universidades de Madrid, convocados por Tomalafacultad y la Asamblea Interinstituto, han convocado un encierro para esta tarde, a partir de las 20 horas, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid para seguir con la protesta contra los recortes en la universidad.

También en Málaga han protestado en el campus universitario alrededor de un centenar de estudiantes exigiendo una "educación pública, gratuita y de calidad".

En defensa de la Educación

Los estudiantes pretenden demostrar su disconformidad con "los graves recortes que agudizan la asfixia económica de la educación pública y precarizan el futuro de toda una generación"; así como su indignación con "la violenta represión que han sufrido los estudiantes valencianos, que ejercían su legítimo derecho de libertad de expresión y manifestación contra la situación de desmantelamiento de la educación pública en este territorio", dice un comunicado del movimiento 'Tomalafacultad Madrid'.

También la Federación de Enseñanza de UGT ha programado la entrega en todas las consejerías de Educación del manifiesto 'Defiende lo público, defiende la educación'. Las protestas estudiantiles se suman a las concentraciones "contra la reforma laboral" convocadas por los sindicatos en la Puerta del Sol y la huelga de funcionarios de la Junta de Castilla-La Mancha.

LO QUE "LA LIBERTAD DE ELEGIR COLEGIO" ESCONDE

27 de febrero de 2012 LA OPINIÓN DE MÁLAGA. DANIEL CELA

La Junta abre esta semana el proceso para solicitar plaza escolar, que durará todo el mes de marzo, y al que concurren cientos de familias con hijos de 3 años que acceden por primera vez al sistema educativo.

La escolarización en Andalucía, y singularmente en Málaga, lleva aparejada desde hace años un tenso debate entre dos posturas, en apariencia, complementarias : el derecho a la educación y la libertad de estudiar en el centro elegido. El primero viene recogido en la Constitución, el segundo pareciera que se desprende del anterior. Pero no es tan fácil. Este segundo derecho no consta como tal en la Carta Magna, pero sí en el programa político del PP. Los socialistas sostienen que sólo es un subterfugio para camuflar el « derecho a estudiar en un colegio católico sostenido con fondos públicos ».

En Andalucía se escolarizan cada año en torno a 100.000 niños. Nueve de cada 10 accede a la escuela elegida en primera instancia. El restante 10% –que suponen cientos de familias– no logra plaza en el colegio que ha solicitado (normalmente un concertado) debido al exceso de demanda y al límite de plazas. Esto lleva a muchos padres a acudir a los tribunales, logrando, en muchísimas ocasiones, que su hijo acceda a su escuela por mandato judicial.

Este año hay dos elementos novedosos que condicionarán inevitablemente este debate (más ideológico que educativo) : uno es la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que respalda el decreto de escolarización, la norma que rige el reparto de plazas en la comunidad autónoma. La patronal concertada Federación Educación y Gestión de Andalucía, que representa a cientos de escuelas católicas en la región, había recurrido la norma por considerarla contraria « al derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en el centro educativo elegido de manera prioritaria ». Como ese derecho, como tal, no viene recogido en la legislación educativa vigente, la patronal alegó la vulneración del artículo 27 de la Constitución, que contempla que « los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones ».

El TSJA desestimó su petición.

La sentencia concluye que « la dimensión constitucional del derecho a la libre elección de centro docente se agota » en el mismo hecho de elegir las preferencias en la solicitud de admisión, es decir, que « lo que se garantiza constitucionalmente es la posibilidad de elección de colegio y no el acceso efectivo ». Esta sentencia desmonta el argumentario del PP, que incluso se negó a firmar el Pacto de Estado por la Educación porque no recogía el derecho de elección como un derecho de consecución, con independencia de la ley de oferta y la demanda de plazas.

Factores ideológicos.

La libertad para elegir colegio depende de la planificación escolar en cada comunidad, y en la medida de lo posible, debe responder a la demanda social y familiar. En esa planificación, sin embargo, entran en juego otros factores de índole ideológica. El Gobierno andaluz mantiene desde hace 30 años la red de escuelas públicas al 80% y la oferta de centros privados concertados al 20%. En regiones gobernadas por los conservadores (PP, PNV y CiU), el equilibrio es del 50-50. La propuesta del PP en materia de escolarización consiste en garantizar por ley que, siempre que haya demanda en centros concertados, la administración estará obligada a subvencionar más plazas. El PSOE es contrario a esta tesis porque cree que la equidad y la cohesión social se ven dañadas en las zonas donde abunda la escuela privada.

El segundo elemento que condiciona este año la escolarización es un informe de la OCDE, de reciente publicación, que compara la desigualdades de los sistemas escolares en más de 50 países. El estudio Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja concluye que es necesario administrar la elección de centro para evitar la segregación : « Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos ».

COLEGIO LAICO Y BILINGÜE DISCRIMINA A HOMOSEXUALES

Manuel Planelles Sevilla 24 FEB 2012 EL PAÍS

En cinco días pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, que un colegio privado diga que no hay plazas disponibles para escolarizar al hijo de un matrimonio, que luego admita que sí las tiene y que, al final, vuelva a negarle el acceso a ese niño. Rodrigo, que es como se llama el menor, tiene dos padres. Ricardo Lucas cree que está claro lo que ha ocurrido con su pequeño, de dos años y medio : “es un caso de discriminación por homofobia”. Han colgado su denuncia en la web actuable.es. Y la Consejería de Educación va a abrir una investigación para averiguar qué ha ocurrido.

Como cualquier otro matrimonio, Ricardo Lucas y su pareja, Iván Vallejo, se pusieron en el mes de septiembre pasado a buscar el centro educativo en el que su pequeño empezará a estudiar el próximo curso. Alguien les habló del Yago School, un nuevo y pequeño colegio ubicado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). El centro parecía encajar en sus preferencias, según recuerda Lucas. Era bilingüe y se presentaba en su web como un colegio laico. Entre los principios del centro figura “animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida”.

Escribieron un primer correo electrónico al colegio para reclamar información adicional e intentar concertar una cita. “Somos una familia homoparental”, informaban en la segunda frase del email. El colegio les contestó también por correo electrónico que no había plazas suficientes para el pequeño el próximo curso, recuerda Lucas.

Su marido telefoneó hace unos días al centro, sin identificarse, y preguntó si había vacantes. “Le dijeron que sí y concertó una cita”. Allí se presentó el jueves 16 de febrero y se reunió con la directora de admisión del Yago School. En mitad de la cita, Iván Vallejo le explicó quién era y le enseñó el correo en el que el colegio les había anunciado que no tenían sitio. “La directora le dijo que había sido un error administrativo y que sí disponían de plazas suficientes”. La sorpresa final llegó este lunes, cuando la responsable de admisión les llamó para retractarse otra vez y anunciarles que todas las vacantes estaban comprometidas ya, según la versión que ofrece Lucas. Este periódico ha intentado conocer la versión del centro. Pero sus responsables se han negado. Sí tendrán que dar explicaciones a la Inspección educativa. Jaime Mougán, delegado de la Consejería de Educación en Sevilla, ha trasladado la denuncia de los padres a la Inspección para que investigue lo ocurrido. Según Mougán, los centros privados tienen reservado el derecho de admisión, pero, como cualquier entidad, nunca podrían caer “en la discriminación”.

“Esto ya me aburre”, lamenta Lucas. “Quiero llevar una vida tranquila. ¿Pero, qué hago, me callo ? No quiero que el colegio mienta con su ideario, que utilizan solo como marketing”. Lucas y su marido quieren una vida tranquila porque ya pasaron un calvario para tener a su hijo (a través de la gestación subrogada, que coloquialmente se conoce como vientre de alquiler) y para que la justicia les reconociera como los padres del pequeño.

miércoles, 22 de febrero de 2012

CONCIERTOS EN CENTROS EXCLUSIVOS DE NIÑOS O DE NIÑAS

Los colegios del Opus derrotan al Gobierno andaluz

Una sentencia del TSJA permite que los centros con educación segregada sigan percibiendo ayudas públicas

OLIVIA CARBALLAR SEVILLA 22/02/2012 Público

Los colegios concertados que todavía segregan por sexo en el aula, la mayoría vinculados al Opus Dei, podrán seguir haciéndolo, al menos hasta el curso 2012/2013, sin que la Junta de Andalucía pueda retirarles la subvención pública. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula la condición impuesta a estos centros por la Administración para la renovación del concierto económico, que dura cuatro años, y que consistía en adaptar sus aulas a la educación mixta.

La Junta, tras aprobar una orden en la que incluía la admisión de niños y niñas en la misma aula como requisito inexcusable para seguir recibiendo financiación pública, decidió renovar el concierto con estos colegios durante el curso 2009/2010 pero sólo por un año, condicionando la extensión a los otros tres años al cumplimiento de la escolarización mixta. Sin entrar en el fondo del asunto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA da la razón a la parte recurrente, la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada, y afirma que la Junta únicamente tiene potestad para renovar el concierto en su totalidad o denegarlo, pero no para hacer lo que hizo.

“Esto es lo que se recurre, el acuerdo de rescisión encubierto bajo un supuesto de renovación, el cual no sólo carece de las garantías que para aquel procedimiento están previstas (...), sino que también vulnera la normativa básica que exige que la renovación lo sea por cuatro años por considerarse dicho espacio de tiempo completamente necesario para preservar (...) los intereses de todos los afectados en los términos antes explicados”, sostiene la sentencia, en referencia a los daños que puede provocar a los alumnos matriculados y a la propia viabilidad de los centros. El tribunal incluso pone un ejemplo alegado por la parte recurrente: una desaparición del régimen de concierto del colegio Molino Azul, cuya actividad se inició en el curso 1967/68, determinaría una continuidad “altamente improbable” y conllevaría necesariamente “una reorganización empresarial de gran calado”.

La sentencia, que afecta a siete colegios de Sevilla–Altair, Albaydar, Ángela Guerrero, El Chato, Nuestra Señora de Lourdes, Molino Azul y Ribamar– y tres de Córdoba –Torrealba, Yucatal y Zalima–, ha sido dictada por Victoriano Valpuesta, Eloy Méndez y Guillermo del Pino, tres magistrados que ya han frenado en anteriores resoluciones los intentos de evitar la separación por sexos, un conflicto entre la Junta y los colegios que llegó a los tribunales hace más de una década. Contra esta última sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), que ya confirmó en varias resoluciones –sin entrar tampoco en el fondo del asunto–, la decisión del TSJA de suspender cautelarmente las órdenes de la Junta sobre la educación mixta.

La Confederación de Centros de Enseñanza mostró su satisfacción y reclamó a la Junta “un mayor respeto a la legalidad vigente, que no puede ser suplantada por criterios ideológicos”.

Ver también CSIF, USO y UGT pidiendo conciertos, El TSJA limita el derecho de los padres, Los colegios concertados sólo atienden al 9% de los niños con discapacidad.

ANDALUCÍA Y PAÍS VASCO CON LAS OPOSICIONES EN EL AIRE

Hacienda revisa las oposiciones de País Vasco y Andalucía

La duda es si la oferta de plazas cumple las restricciones presupuestarias del Gobierno

Representantes de la Junta y el ministerio se reúnen hoy en en Madrid

Manuel Planelles / Ania Elorza Sevilla / Vitoria 20 FEB 2012 EL PAÍS

El Ministerio de Hacienda revisará las oposiciones docentes de 2012 en el País Vasco y Andalucía. Se trata de ver si cumplen las restricciones presupuestarias marcadas por el Gobierno central : solo se puede reponer una de cada 10 jubilaciones que se produzcan. Andalucía ha convocado 2.389 plazas y País Vasco 531. Hoy se reúnen en Madrid los responsables de Hacienda con los del Gobierno andaluz ; el encuentro con el País Vasco aún no tiene fecha.

Así, el viceconsejero andaluz de Educación, Sebastián Cano, y el director general de coordinación de competencias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Jaime Parrondo Aymerich, están abordando ya la cuestión. Andalucía ha convocado para junio sus oposiciones docentes y quiere sacar a concurso 2.389 de profesores de secundaria, FP, escuelas de idiomas, música y artes escénicas y de artes plásticas y diseño. Pero el ministerio de Cristóbal Montoro envió la semana pasada una carta a la Junta en la que reclamaba una reunión para estudiar este asunto.

En el centro del problema vuelve a estar, como el curso pasado, la denominada tasa de reposición. Cuando la Junta aprobó su oferta de empleo público el 27 de diciembre esa tasa estaba fijada en los Presupuestos Generales del Estado en el 30%. Pero, el 30 de diciembre, el Gobierno central aprobó el real decreto ley 20/2011 que, entre otras limitaciones presupuestarias, rebaja esa tasa un 10%, con lo que solo se podrían cubrir una de cada 10 jubilaciones de profesores este año. La Junta sostiene que su oferta es legal porque se aprobó antes del real decreto ley.

La consejería andaluza de Educación cree que la discrepancia por la tasa de reposición, si finalmente el Gobierno central no aceptara el argumento de que sus oposiciones se convocaron antes del real decreto, implicaría recortar como máximo 300 plazas a las 2.389 que tiene previsto sacar a concurso. Porque el grueso de las plazas no se convocan bajo el paraguas de la tasa de reposición. Se corresponden, como el año pasado, a la consolidación de empleo interino prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

El año pasado también surgieron dudas con las plazas que convocó Andalucía y otras comunidades. El departamento de la exministra Elena Salgado estuvo a punto de recurrir en los tribunales la oferta de la Junta. Pero, finalmente, se encontró una solución : que una parte importante de las plazas se convocaran como consolidación de empleo interino. Esa misma fórmula es la que ha utilizado ahora Andalucía para ofertar las 2.389 plazas.

Las oposiciones docentes de Euskadi, que finalmente contará con 531 plazas, también le han costado al Departamento de Educación una citación del Ministerio de Hacienda para dar explicaciones sobre ella, un encuentro aún sin fecha al que los responsables vascos ya han accedido. La consejera socialista, Isabel Celaá, ha insistido : "Vamos a llevar a cabo [la oferta de empleo pública de empleo docente] en ejercicio de nuestro autogobierno”. Además, enmarcó la citación en el seno de las “relaciones normalizadas” entre instituciones.

Euskadi acudirá al encuentro para demostrar que su oposición se “ajusta perfectamente a la legalidad”. Se trata de una cuestión de fechas. El jueves pasado se lanzó la convocatoria para presentar las candidaturas a esta prueba, pero la oposición en sí fue aprobada por medio de una orden del Gobierno vasco firmada el 19 de diciembre y hecha pública el día 30 de ese mes, dos días antes de la entrada en vigor del real decreto ley del Gobierno central por el que se limitan las oposiciones.

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2012

22 de febrero de 2012

ORDEN de 13 de febrero de 2012, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Ver también País Vasco y Andalucía con las oposiciones en el aire

MOVILIZACIÓN CONTRA LAS OPOSICIONES

SEVILLA, 18 Feb. EUROPA PRESS

Alrededor de 700 docentes y opositores, según los organizadores, procedentes de las ocho provincias andaluzas, se han manifestado este sábado en Sevilla para exigir a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que congele la convocatoria de oposiciones de este año 2012 y posponga la oferta de 2.389 plazas docentes de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas a 2013, al entender que no se dan las condiciones adecuadas para el desarrollo de esa convocatoria de empleo público.

Según ha explicado a Europa Press una de las portavoces de los manifestantes, que han sido convocados por un grupo de unos 1.200 profesores interinos, lo que rechazan es la convocatoria de las oposiciones "en las condiciones actuales", puesto que, ha recalcado, ellos "están a favor de que haya oferta de empleo público, pero no a cualquier precio".

En concreto, esta portavoz ha explicado que tras la oposición a esta convocatoria de oposiciones en 2012 está su rechazo al conocido ’decreto 302’, la norma que ordena la función pública docente y las bolsas de interinos en función de si los profesores y maestros tienen experiencia previa o no al 30 de junio de 2010, fecha en la que entró en vigor el mencionado decreto. En el primer caso, a los docentes se les ordena en la bolsa de interinos por tiempo de servicio y, en el segundo, en función de un baremo en el que se computa tanto la nota de la oposición, como la experiencia docente y la formación.

Precisamente varios miembros de la ’Plataforma de Opositores contra el decreto 302’, que permanecen encerrados durante casi cinco meses en la Catedral de Sevilla para exigir la derogación de esa norma, se han unido también a esta manifestación, que ha partido alrededor de las 12,00 horas de la seo sevillana y ha discurrido "sin incidentes" hasta que aproximadamente a las 14,30 horas ha concluido en la sevillana Plaza de la Encarnación.

En un manifiesto leído al inicio de la movilización, frente al templo metropolitano hispalense, al que ha tenido acceso Europa Press, los manifestantes aseguran que dicho decreto "ha supuesto echar a la calle a miles de interinos en Educación Primaria", algo que, señalan, también va a ocurrir en Secundaria.

Con esa norma se implanta, a juicio de este colectivo, un "sistema diabólico" que "borra de un plumazo su tiempo de servicio como criterio de promoción y permanencia en bolsa". CAMBIO DE TEMARIOS Y ’EFECTO LLAMADA’

Sin embargo, el rechazo al ’decreto 302’ no es la única razón que ha llevado a este colectivo a manifestarse, pues, según ha explicado la portavoz consultada, estos docentes también rechazan que se convoquen unas oposiciones "en plena lucha política" entre el Gobierno central y el de la Junta de Andalucía, una circunstancia que se plasmaría, según afirma, en el reciente cambio de temario decretado por el Ejecutivo de Rajoy, que ha restablecido, en su mayoría, los de 1993.

En ese marco se encuadran las críticas que los manifestantes han lanzado tanto a PP como a PSOE al inicio de la marcha, partidos a los que han culpado del "deterioro inexorable de la enseñanza pública", y de "obligar" a los profesores a "adaptarse a sus tejemanejes políticos".

En tercer lugar, los manifestantes no son partidarios de que Andalucía sea "una de las pocas comunidades autónomas" que vaya a convocar esos exámenes, porque eso generará "un efecto llamada" en la comunidad que quieren evitar y que, en su opinión, podría atraer a Andalucía a "una marabunta de opositores venidos de todo el país".

’No a las oposiciones en estas condiciones. No al 302’, ha sido el lema que ha resumido la reivindicación de esta marcha, en la que los manifestantes, en este sentido, han querido subrayar su defensa de la educación, entendida, junto a la cultura, como "la base del progreso y de la felicidad de los pueblos".

martes, 21 de febrero de 2012

MANTAS EN LAS AULAS VALENCIANAS

Andando se quita el frío

Parece que esto fue lo que pensaron los estudiantes de los centros públicos sin calefacción, y se echaron a la calle. La policía se empeñó en que les subiera la temperatura y les hicieron entrar en calor.

Plantear a estas alturas como instructivo el uso de la violencia es una aberración. ¿Qué sentido tiene inculcar en las aulas valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto, la capacidad crítica... si al salir a la calle te tratan a golpe y porrazo quienes se supone que deben velar por tu seguridad? ¿Lo próximo será meter a la policía en los centros?

CORTA Y PEGA EN VALENCIA

Primero recortan, luego pegan y después colorean.
Eso es lo que están haciendo en Valencia.

Lo malo es que las agresiones están eclipsando el motivo primero de las protestas: las reivindicaciones contra los brutales recortes en Educación. Todo esto, en una comunidad endeudada, plagada de imputados, escándalos, aeropuertos sin aviones, CAM, Fórmula 1 y fuegos de artificio.

Ética y estética
Las imágenes que nos han llegado de los medios de comunicación y los mismos manifestantes sobre la represión policial han sido bastante explícitas. Esto tampoco es nuevo (antesdeayer pasaba lo mismo con las cargas contra el 15 M, etc.), pero no por ello deja de ser sangrante.

Por si fuera poco, tenemos las declaraciones del jefe superior de la policía en la Comunidad Valenciana, refiriéndose a los manifestantes como “el enemigo” y que evitó pronunciarse sobre la proporcionalidad de la actuación policial, escudándose en que deben ser los jueces quienes la evalúen. Lo único que podemos decirles a los policías (entendemos que entre ellos hay diferencias y que no todos son de porra fácil) son los versos del "Catón de guerra alemán":

EN EL MOMENTO DE MARCHAR, MUCHOS NO SABEN

que su enemigo marcha al frente de ellos.

La voz que les manda

es la voz de su enemigo.

Quien habla del enemigo,

él mismo es enemigo.

Bertolt Brecht

La delegada de Educación ha dicho que descarta cualquier forma de violencia. ¡Qué menos!

Más libros. Más libres

Para la concentración de esta tarde los estudiantes irán armados con un libro. Eso sí que es peligroso, gente que piense, crítica, capaz de discutir, asociarse, manifestarse... Quizás alguien lleve a Blas de Otero, Galeano, Cortázar, Saramago, Delibes, Momo, Rebelión en la granja, Un mundo feliz, Farenheit 451, El Quijote, 1984...

Como decía Miguel Hernández: "Tristes armas si no son las palabras".

Las editoriales de libros de texto estudian demandar al Ministerio de Educación por daños y perjuicios

Cifran en 60 millones de euros las pérdidas por las anunciadas reformas educativas y consideran inviable tener listos para el próximo curso los nuevos manuales de Educación para la Ciudadanía

La patronal ANELE acusa al Ministerio de actuar con improvisación y precipitación por no consensuar con el sector el impacto de sus reformas. El sector cifra en 35 millones de euros el coste de poner en el mercado nuevos manuales de Educación para la Ciudadanía y considera precipitado que los libros puedan llegar a las aulas el próximo curso con un mínimo de rigor cuando el Ministerio ni siquiera ha elaborado el decreto que debe regular los nuevos contenidos de la asignatura.

MAR RUIZ 17-02-2012 CADENA SER

Los cambios anunciados por el Gobierno en materia educativa han pillado a las editoriales con decenas de miles de manuales ya en almacenes o talleres de impresión. Corresponden al nuevo diseño del cuarto curso de la ESO que aprobó mediante un real decreto el gobierno socialista en julio de 2011 y que desarrollaba lo aprobado en la ley de Economía Sostenible.

Esa nueva estructura de curso orientador hacia el Bachillerato o hacia la FP incluía además tres nuevas asignaturas : Alimentación, nutrición y salud, Ciencias aplicadas a la actividad profesional y Orientación profesional e iniciativa emprendedora. Ese diseño debía entrar en vigor el próximo mes de septiembre pero ahora el Ministerio de Educación ha decidido aplazar su puesta en marcha, dejando en el aire una inversión de 60 millones de euros ya realizada por las editoriales.

"Es lamentable que suframos las consecuencias de decisiones hechas con improvisación y sin contar con el sector. Estamos en una situación muy delicada y las empresas no pueden permitirse sufrir pérdidas de esta naturaleza, por eso, recomendamos a nuestras editoriales que analicen los daños y perjuicios causados y acudan si lo estiman oportuno a los tribunales. El ministerio de Educación ha incurrido en una lesión patrimonial y, con sentencias previas a nuestro favor que ya tenemos, tendrá que asumir esa responsabilidad", ha señalado a la Cadena Ser, el presidente de la patronal ANELE, que engloba al 97% de las editoriales de libros y materiales de enseñanza de España.

35 millones costará cambiar los manuales de Educación para la Ciudadanía

El sector muestra también su desconcierto e incertidumbre por los anunciados cambios de temarios de Educación para la Ciudadanía, que el Ministerio quiere sustituir para limitarlos al conocimiento de la Constitución y las instituciones europeas, eliminando aquellos contenidos de "carácter adoctrinador", según el Gobierno. El ministro José Ignacio Wert ha señalado que espera que los nuevos contenidos puedan llegar a las aulas el próximo curso, ya que se regularán mediante un decreto, aunque ha reconocido que el cambio de nombre de la asignatura deberá retrasarse ya que para llevarse a cabo requiere la modificación de la ley.

El sector editorial recuerda que un cambio de contenidos no se puede improvisar de la noche a la mañana y explica que con el calendario actual resulta prácticamente inviable tener listos los nuevos manuales para el próximo curso con un mínimo de rigor. "Habitualmente tenemos los ejemplares listos en febrero, para hacer la promoción editorial en los centros entre marzo y abril de modo que en mayo los centros escolares puedan publicar la lista de los manuales elegidos. Si ni siquiera se ha publicado el decreto que debe regular los contenidos, y las modificaciones posteriores que pueden aplicar las comunidades autónomas en el desarrollo de los currículos, los plazos no es que sean ajustados, es que son prácticamente imposibles". Dependiendo de la profundidad de esos cambios en los temarios, el sector cifra en unos 35 millones de euros el coste de sacar al mercado nuevos manuales de Educación para la Ciudadanía, sin haber dado tiempo a amortizar económicamente la inversión de los que llegaron a las aulas hace apenas cuatro años y de muchos otros que aún restaban por implantarse en determinados cursos en varias comunidades autónomas, en aplicación del calendario progresivo de implantación de la materia.

¿Nuevos contenidos para el mismo nombre ?

Otra cuestión sin resolver es qué nombre llevarán esos nuevos manuales. El Gobierno quiere cambiar el nombre de la asignatura por el de Educación Cívica y Constitucional, pero no podrá hacerlo hasta modificar la ley, una reforma que conllevará tiempo. De modo que se puede producir la paradoja de contar temporalmente con nuevos contenidos pero bajo la misma denominación que el PP quiere cambiar. Una circunstancia que obligaría a volver a renovar en una segunda fase los libros de texto para cambiar, al menos, las tapas e índices de los manuales.

Que los cambios planteados afectarán a las editoriales, no cabe duda. Pero no podemos olvidar que esas mismas editoriales han hecho el agosto durante los últimos años a base de incorporar modificaciones que el mismo ministerio implantaba en los currículos. Entonces no se quejaron. Tampoco lo hicieron por el cheque libro universal (tan injusto como el cheque bebé).

Que la Educación esté al albur de quien se siente en La Moncloa tiene estos sinsentidos y consecuencias catastróficas.

Manuel Planelles Sevilla 17 FEB 2012 EL PAÍS

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso que la Federación Educación y Gestión de Andalucía, una de las patronales de colegios e institutos católicos concertados, había interpuesto contra el nuevo decreto de la Junta en el que se fijan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes. Así se establece en una sentencia, del 9 de febrero, firmada por los magistrados de la sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativa.

La estimación de este recurso hubiera puesto en jaque todo el proceso de escolarización, en el que todos los años están implicadas unas 100.000 familias andaluzas que inscriben a sus hijos de tres años en el sistema. La anulación se hubiese producido a solo 15 días del inicio de este complejo proceso.

La patronal de los concertados había recurrido, entre otros, los artículos 37.3 y 47.5 del decreto, que entró en vigor el pasado curso. Esta federación entendía que esos dos apartados de la norma impiden “el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en el centro educativo elegido de manera prioritaria”, algo que, según los recurrentes, sería contrario al derecho constitucional de libre elección de colegio. En esos dos artículos se establece que los progenitores pueden señalar en la solicitud de escolarización el centro “prioritario” en el que quieren que estudien sus vástagos y, si lo desean, otros alternativos. En el caso de que el alumno no pueda ser admitido por la falta de plazas, la Administración le asignará otro.

El TSJA da la razón a la Consejería de Educación al sentenciar que “la dimensión constitucional del derecho a la libre elección de centro docente se agota en la manifestación de preferencia que entraña la presentación de la solicitud de admisión en un concreto centro”. O explicado de otra forma : “lo que se garantiza constitucionalmente es la posibilidad de elección y no el acceso efectivo”.

En la sentencia —firmada por los magistrados Victoriano Valpuesta, Eloy Méndez, José Guillermo del Pino y Pablo Vargas— también se rechaza un argumento al que suelen recurrir los colegios católicos concertados. Se trata del artículo 27 de la Constitución, donde se fija que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. El TSJA, sin embargo, señala que la “denegación de admisión, en un concreto centro privado concertado, no implica infracción al artículo 27 CE, ni afecta al derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que se halle de acuerdo con sus convicciones”. Los magistrados citan una sentencia del Supremo de 2001 para recordar que “el derecho a obtener una enseñanza básica gratuita, que nadie niega, no comprende el que se preste en un centro determinado”.

La sentencia y la argumentación que se utiliza llama la atención por su procedencia. Esta misma sección del TSJA ha obligado en los últimos años a escolarizar en centros concertados a varios alumnos, cuyos padres recurrieron a la justicia tras ser denegada su admisión por falta de plazas. Y la principal argumentación que han manejado los magistrados es que la ratio —es decir, la limitación de número de alumnos por aula— debe supeditarse al derecho constitucional de los padres a elegir una enseñanza religiosa. Esta sección tercera obligó a escolarizar a una chica en un centro concertado en 2008 y dijo que aquel proceso mostraba “la penosa realidad de unos niños a los que, pese al decir solemne de la Constitución, se les niega el derecho a iniciar sus estudios en el colegio que sus padres eligen”. Aquella sentencia de 2008 fue firmada por Enrique Gabaldón Codesido, hijo del fundador del Foro de la Familia y numerario del Opus Dei, Joaquín Sánchez Ugena y Victoriano Valpuesta. De esta terna, solo uno de los magistrados, Valpuesta, firma ahora este último fallo en el que se afirma que la Constitución solo garantiza “la posibilidad de elección y no el acceso efectivo”.

Peculiaridades judiciales

No es la primera vez que esta sección del TSJA da la razón a la Administración en un litigio con un padre que no ha conseguido que su hijo entre en el centro deseado. En 2010, por ejemplo, el tribunal rechazó las pretensiones de una familia que había solicitado que su hijo estudiara en un colegio de Algeciras (Cádiz). Los magistrados argumentaron que el derecho constitucional de elección de centro no era “un derecho absoluto” y la consejería podía fijar la ratio, algo que en otros casos había negado a Educación. Sin embargo, en el litigio de Algeciras el propio tribunal señala una diferencia con otros casos en los que daba la razón a los padres y obligaba a la Junta a aumentar la ratio : el colegio en el que los padres querían que entrara su hijo carece de “ideario religioso y moral”, un aspecto que parece decisivo para los magistrados a la hora de obligar a la escolarización. “Es necesario resolver cada reclamación atendiendo a las peculiaridades de cada caso”, ha reconocido el TSJA ante las reclamaciones de padres. Las sentencias favorables suelen emplearlas los centros privados para reclamar a la Junta un aumento de los conciertos.

VALENCIA: MUCHA POLICÍA Y POCA EDUCACIÓN

26 detenidos en el cuarto día de protesta contra los recortes en educación

La concentración convocada en el instituto Lluís Vives se extiende a toda la ciudad

Dos centenares de alumnos se reúnen en asamblea en la Facultad de Geografía e Historia

Neus Caballer / Joaquín Ferrandis / Federico Simón / Ferran Bono Valencia 21 FEB 2012 EL PAÍS

Un policía retiene a un joven estudiante contra el asfalto en el centro de Valencia.

La cuarta jornada de protestas estudiantiles en Valencia contra los recortes presupuestarios en educación se prolongó hasta bien pasada la medianoche en forma de una asamblea en la que participaron unas 300 personas. La cita tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia, después de un día que se ha saldado con 26 detenidos, cinco de los cuales son menores, por parte de las fuerzas de seguridad que actuaron con mayor contundencia que en los días anteriores.

La dureza de las cargas policiales ha provocado una cascada de críticas. Incluso la oposición ha pedido la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados. Y mientras, la mecha de las movilizaciones ha prendido en las redes sociales, desde las que ya se han convocado movilizaciones en Madrid y Sevilla.

Hubo 17 heridos leves, 11 de ellos agentes, según el balance policial de las 21.30 del lunes. Antonio Moreno, jefe superior de la policía en la Comunidad Valenciana, sin embargo, señaló a las 19.00 que había cinco policías “contusionados leves” y una mujer de 52 años herida leve en la cabeza. También reconoció que había un detenido menor herido leve. Moreno se refirió a los manifestantes como “el enemigo” y evitó pronunciarse sobre la proporcionalidad de la actuación policial, escudándose en que deben ser los jueces quienes la evalúen.

El jefe de policía citó como ejemplo de esa agresividad el hecho de que los estudiantes volcaran contenedores y arrojaran botellas a los agentes, una de las cuales impactó en una mujer de 52 años, que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios. La Confederación Española de Policía, en un comunicado, se lamentó de los insultos y escupitajos recibidos por las fuerzas de seguridad.

El “plus de agresividad” al que se refirió Moreno durante su rueda de prensa resulta patente si se compara lo ocurrido durante estas cuatro jornadas de protesta con las masivas movilizaciones del 15-M, las que hubo contra los derribos de El Cabanyal (en las que solo se detuvo a dos personas y que le costaron el cargo en la Delegación del Gobierno a Ricardo Peralta) o las manifestaciones protagonizadas por funcionarios contra los recortes salariales. A Moreno, que ocupa el cargo de jefe superior desde hace varios años, se le preguntó qué había cambiado para que la policía se comportara de forma tan distinta. No hubo una respuesta clara, sólo dos interrogantes retóricos: “¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree?”.

Oficialmente, la Policía Nacional en estos cuatro días ha detenido un total de 43 alumnos, de los cuales ocho son menores de edad, hay decenas de lesionados y cerca de dos centenares de fichados, la mayoría por “desobediencia a la autoridad” y alguno por “atentado”. A lo largo de la noche, varios de los menores detenidos salieron de la comisaría.

Las protestas comenzaron pasadas las 14.30 en el Instituto Lluís Vives de Valencia, donde se habían concentrado unos 300 estudiantes. Ante ellos, un despliegue policial sin precedentes durante estos días de protesta, que trataba de impedir los saltos de protesta. Pese a ello, los manifestantes se desplazaron hasta la cercana plaza de San Agustín donde empezaron las primeras cargas.

Hasta bien entrada la noche el centro de la ciudad y la zona universitaria de la avenida Blasco Ibáñez se vivieron momentos de tensión y enfrentamientos continuos entre policías y estudiantes. El resultado fue un reguero de grupos de manifestantes desperdigados por barrios y calles durante todo el día. La policía desplegó hasta cincuenta furgones para impedir las manifestaciones.

Las refriegas se sucedieron ante las miradas de los ciudadanos, muchos de los cuales mostraron su malestar por la forma de actuar de los policías. “Esto es como los grises”, comentaba un automovilista, mientras que una mujer de mediana edad les increpaba en la calle Navarro Reverter: “Cobarde, ¿y si fuera tu hija?”. Otra les pedía a los agentes que soltaran a un joven. “No ves que es un chaval”, le decían.

Después de varias cargas, a las 19.00 centenares de estudiantes volvieron a concentrarse en el Lluís Vives, protagonizando cortes momentáneos del tráfico de la calle Xàtiva y alrededores hasta que fueron disueltos. La policía se subía de repente al furgón, con las puertas abiertas, para luego bajar corriendo con porra y escudo en mano para disolver a los manifestantes. Frente a ellos, los jóvenes gritaban: “Sin porras y sin placa no sois nada”, “Fascistas”, “No sois funcionarios, sois mercenarios”, “Menos corrupción, más educación”.

Las detenciones en el centro de la ciudad se sucedieron sin que constaran más daños materiales por parte de los estudiantes que algún contenedor quemado. Una joven fue detenida frente al instituto por pedir el número de placa a un policía cuando éste no la dejaba pasar. Otro detenido fue Adrián, de 20 años. Su amiga Vera contaba que le habían partido la nariz a golpes y que sangraba abundantemente: “No nos han dejado ni darle agua ni ponerle hielo, y cuando se lo han llevado no nos han querido decir si iba al hospital o a la comisaría”

La protesta de los institutos se trasladó a la Universidad. La Facultad de Geografía e Historia acogía la noche del lunes una asamblea en la que unos 300 estudiantes acordaron que mientras que la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, no abandone su cargo, ellos no abandonarán la calle. La decana Elena Grau, que había autorizado la asamblea estudiantil, tuvo que recurrir al fuero universitario para impedir que la policía entrara en la facultad. Mientras, padres y profesores del IES Lluís Vives, auténtico icono de las protestas estudiantiles, mantuvieron una tensa reunión ante las puertas del instituto ante la mirada vigilante de los policías.

A lo largo del día, muchos ojos se posaban en la delegada del Gobierno, a la que los estudiantes pedían responsabilidades por las cargas. Por la mañana se reunió con los portavoces de Compromís y Esquerra Unida a los que negó la existencia de represión policial, aunque mandó un mensaje por si algún agente se hubiera extralimitado. “Habrá consecuencias”, dijo. La delegada el Gobierno insistió en que no se dieron instrucciones ni hubo intento alguno de control del derecho de manifestación, lo que ocurrió, dijo, “nada tiene que ver con este derecho”.

Por la tarde, en la comparecencia junto al jefe superior de policía. Sánchez de León, que había justificado la actuación de las fuerzas de seguridad ante “la situación de desorden y desacato” apeló “al diálogo y a la responsabilidad” para conseguir que hechos como los de ayer queden “en una anécdota”. Una categoría que no compartieron los políticos de la oposición. Entre los lesionados de ayer se encuentra Joan Baldoví, diputado en el Congreso por Compromís, que fue aporreado frente al Lluís Vives. Baldoví estaba acompañado por los diputados autonómicos Enric Morera y Mònica Oltra.

Jorge Alarte, secretario general del PSPV-PSOE, llamó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para pedirle el "cese de la violencia contra los estudiantes". Alarte no reveló qué le contestó el presidente, pero dejó un mensaje a través de su cuenta en Twitter: "Le he pedido a Fabra que pare la espiral de violencia policial y que se respete a los estudiantes que dicen 'no' a los recortes". El diputado Julián López Milla, otros representantes del PSPV, y Ricardo Sixto de EU acudieron al Lluís Vives a lo largo del día.

Comisiones Obreras, UGT y la Intersindical condenaron la “represión policial” y también exigieron la dimisión de Sánchez de León. La Unió de Periodistes, por su parte, denunció que varios profesionales sufrieron la acción de la policía.

Testimonios sobrecogedores

Las narraciones de los hechos protagonizados por los agentes del orden fueron en algunos casos espeluznantes. Carmen Domínguez, madre de Kerry, una estudiante menor de edad, aseguraba que “el agente 97754 cogió a mi hija del cuello y la estampó contra el suelo”. Kerry, que acabó siendo arropada por su hermana Brenda, sufre una crisis de ansiedad. Lleva un collarín y una férula en el brazo. “Voy a denunciarlos”, dice su madre.

Ana Navarrete es madre de Almudena, estudiante de 17 años del Lluís Vives: “Me la han arrancado de mis brazos, la han cogido del pelo, la han tirado al suelo y se la han llevado entre tres a un furgón, luego la han trasladado esposada en un coche celular”. “Mi hija- continúa Ana Navarrete- estaba conmigo y con sus dos abuelas, a una de ellas hasta la han tirado al suelo, no estábamos manifestándonos pero les ha dado igual”, añade Apostada frente a la comisaría de la calle Zapadores, se queja de “la detención es ilegal”. Hasta las 19.08, nadie les ha llamado oficialmente para comunicarle que su hija estaba detenida: "Ha sido horroroso, tendrá una crisis de ansiedad".

Vicente Marco, abogado y padre de otro menor de 16 años, cuenta que no fue informado de la detención de su hijo hasta cuatro horas más tarde. “El artículo 16 de la Ley del Menor obliga a comunicar de manera inmediata al fiscal de menores y a los padres de una situación”, denunciaba Marco. A las 22.00 aún no había podido hablar con él ni verlo.

Albert Ordóñez es un estudiante de grado medio de integración social que a sus veintipocos años compatibiliza sus estudios con la dirección de la federación valenciana de estudiantes de enseñanzas medias (Faavem). El jueves pasado —el segundo día de refriegas y cargas policiales contra los estudiantes del instituto público Lluís Vives de Valencia por la detención el día anterior de un alumno menor de edad— entró en comisaría detenido y esposado a las 14.10 y salió el viernes a las 22.30 . “Pasé treinta horas en el calabozo”, denunció antes de la cuarta jornada de protestas estudiantiles contra los recortes del Gobierno de Alberto Fabra y los “abusos policiales”. “Cuando me detuvieron me dieron tres o cuatro puñetazos en la boca”, relata Alberto en la puerta del instituto público Lluís Vives.

A partir de ahí todo fue confusión, aislamiento y ocho estudiantes detenidos en la misma celda. Los dos menores salieron esa noche. “No nos dieron ni de beber”. Por la mañana, les ofrecieron zumo de melocotón y galletas. “Soy alérgico al melocotón y pedí agua”. La respuesta de los agentes a Albert fue tajante: “Esto no es un hotel”. “No podíamos ni ir al baño”, explica.

Albert y los otros detenidos están acusados de “resistencia y desobediencia a la autoridad” y también de “atentado”. Cuando lo detuvieron en la calle de Xàtiva, frente al instituto, lo agarraron de los brazos y lo empujaron. “Para no caerme, cogí al policía de la cadera y del brazo y ahora, además, me acusan de hurto por cogerle la gorra al agente cuando me estaba cayendo”. Albert salió “esposado” hacia el hospital Peset Aleixandre, custodiado por dos policías.

La agitada jornada en Valencia tuvo su reflejo en dos concentraciones de solidaridad convocadas en Madrid y Barcelona, en las que se congregaron hasta 300 estudiantes y no se registró ningún incidente.

lunes, 20 de febrero de 2012

CSIF, UGT Y USO PIDIENDO CONCIERTOS

DIARIO DE CÓRDOBA

LA DECISIÓN FINAL DEPENDE DE LA CONSEJERÍA

La concertada pide 45 unidades más con apoyo del Consistorio

La comisión provincial de conciertos aprobó ayer prácticamente todas las solicitudes presentadas. 32 colegios de la provincia han solicitado ampliar las plazas en distintos niveles educativos

ARACELI R. ARJONA 07/02/2012

La comisión provincial de conciertos educativos --integrada por representantes de la Delegación de Educación, patronal, sindicatos, padres y Ayuntamiento-- emitió ayer un informe favorable para la gran mayoría de las 45 solicitudes de conciertos presentadas a la administración por 32 centros de la provincia, esta vez con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, que en años anteriores, con corporaciones de distinto signo político, mostró su rechazo a la ampliación del número de plazas concertadas.

Según los datos facilitados por la Delegación de Educación y la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Córdoba (CECE), por niveles, los colegios Séneca, Cervantes, Jesús Divino Obrero y Jesús Nazareno han vuelto a solicitar nuevas unidades de Educación Infantil, después de cuatro años seguidos de rechazo a su propuesta por parte de la administración. A estas peticiones de concierto, que según CECE son una excepción en Andalucía, "ya que somos la única provincia donde sigue habiendo propuestas de ampliación de conciertos en Infantil pendientes", se suman otras doce solicitudes de aulas de apoyo a la integración (Educación Especial), trece más de ciclos formativos de grado medio, una de ciclo formativo de grado superior, cinco de Bachillerato, un Programa para la Transición a la Vida Adulta y nueve Programas de Capacitación Profesional Inicial (PCPI). Del total de solicitudes, 13 corresponden a colegios de la provincia y el resto a la capital.

APOYO UNÁNIME A INFANTIL

Según las fuentes consultadas, la comisión votó de forma unánime a las solicitudes de Infantil y a las aulas de apoyo a la integración. También se dio luz verde a los ciclos formativos de grado medio, entre los que había alguna solicitud que no cumplía todos los requisitos, y a la de ciclo formativo de grado superior.

En cuanto a los PCPI, todos los colegios recibieron el respaldo de la comisión, salvo uno que no puede solicitarlo por no cumplir el requisito de tener Secundaria Obligatoria. En lo que respecta a Bachillerato, que en principio no sería competencia de esta comisión, la mayoría apoyó el respaldo a las solicitudes presentadas.

DEMANDA Y PRESUPUESTO

En todos los casos, la administración condicionó la aprobación de los conciertos educativos a la demanda educativa existente en las áreas donde se ubican los distintos colegios, para lo cual hizo entrega a los asistentes de una serie de tablas con la ratio oficial existente en los distintos distritos, (que difiere en gran medida con la que manejan los centros educativos, según la Fapa concertada) y a la capacidad presupuestaria de la Junta de Andalucía para asumir los gastos derivados de tales conciertos, destacando la situación de crisis económica actual.

Por último, las patronales CECE y Escuelas Católicas, el Ayuntamiento de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla, padres, cooperativas y los sindicatos CSIF, USO y UGT firmaron un escrito en el que solicitaron a Educación el concierto pleno para todos los centros solicitantes.

A partir de ahora, la decisión de ampliar las plazas concertadas de la provincia depende exclusivamente de la Consejería de Educación, competente en esta materia, ya que la comisión reunida ayer tiene carácter informativo y sus informes no son vinculantes.

Que USO pida conciertos no llama la atención. Que los pida UGT, desgraciadamente, tampoco. Teníamos entendido que CSIF era un sindicato de funcionarios; quizás tengan que quitarse la F.

PLATAFORMA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA DE ANDALUCÍA