Reproducimos aquí este artículo publicado en el Diario de Sevilla, sobre la hipocresía de quienes dicen defender la enseñanza pública. Muy recomendable.
Sobre mitos educativos Manuel Ruiz Zamora
NO estamos peleando por dos horas más o menos de trabajo. No estamos peleando por más apoyos. No es por la Enseñanza Secundaria. No es en absoluto por el sueldo. Estamos peleando, y hay que decirlo alto y claro, contra un plan muy eficaz y muy bien diseñado que pretende ir degradando la escuela pública en su conjunto. Para que, cuando esté suficientemente mal, todas las familias que puedan permitirse pagar por una educación de más calidad lleven a sus hijos a la escuela privada-concertada". Así comienza la carta de un profesor de Secundaria al diario El País. Todos los días nos encontramos con cartas como ésta. Todas dicen lo mismo. Todas se preocupan por la degradación de la educación pública. Todas consideran la amenaza que suponen "los recortes" y todas deducen que lo que se pretende es una enseñanza para ricos.
Pues bien, no es verdad. Así de simple. Si hay una profesión que me ha merecido siempre admiración y respeto es la de docente. He tenido la suerte de disfrutar de profesores brillantes, apasionados, generosos. Cursé mis años de Primaria en un colegio privado religioso; la Secundaria, en un instituto público. No había punto de comparación. No sólo el nivel académico y de formación del profesorado era incomparablemente más alto en este último, sino que la propia vida del centro brindaba un aprendizaje permanente de libertad y convivencia democráticas. Mi instituto, permítanme que lo mencione a modo de homenaje, era el Martínez Montañés de Sevilla. Estamos hablando de los efervescentes años de la Transición política. Después vendrían los gobiernos de izquierda, las leyes educativas de los Solanas y Rubalcabas, el desembarco de los psicólogos y los pedagogos y la degradación imparable de la educación pública de este país.
Por eso resulta cuanto menos cínico decir que la derecha pretende que sólo estudien los ricos. Eso ya lo ha conseguido la izquierda, con un grado de efectividad inversamente proporcional a la incompetencia que ha mostrado en todo lo demás. La primera declaración del actual presidente del Gobierno, entonces aún en la oposición, que me hizo sospechar del paño demagógico que se nos venía encima, se la escuché con motivo de la aprobación de la LRU, aquella ley de Pilar del Castillo que era un intento bastante razonable de introducir ciertos cambios imprescindibles en nuestro deteriorado modelo de enseñanza pública: "la derecha-dijo con esa desenvoltura que se demostraría tan letal posteriormente- sólo quiere que estudien los ricos, mientras que lo que nosotros queremos es que todo el mundo tenga un título". Se dedicaron a regalarlos. Los que podían pagarlos enviaron a sus hijos a colegios en los que se les exigía una serie de requisitos mínimos. Los demás se daban literalmente de bofetadas para intentar conseguir que los suyos fueran admitidos en esa especie de hierro de madera que es la enseñanza concertada. Los más desfavorecidos, simplemente tenían que conformase con languidecer en meros centros de almacenamiento en los que un una reglamentación absurda no sólo impedía una transmisión mínima de conocimientos, sino que despojaba al profesor de cualquier posibilidad de administrar orden y disciplina.
Cualquiera que se relacione con docentes sabrá que tiene que reservar cierto margen de paciencia para acoger la recurrente necesidad de desahogo sobre las condiciones en las que realizan su trabajo: la incomprensión de los padres, la indiferencia de los alumnos, las aulas masificadas, la ausencia del principio de autoridad, la burocratización indecente del tiempo de trabajo… Hace años que asistimos, con simpatía y solidaridad, a esta justa letanía. En Andalucía han mostrado un rasgo admirable de dignidad al rechazar el bochornoso soborno que se les ofrecía para ser aún más cómplices en la extensión virtual del analfabetismo. Pero, uno no puede menos que preguntarse: ¿durante todos estos años, cuando era evidente que cada día que pasaba suponía un grado más en el proceso de descomposición de la enseñanza pública, dónde estaba toda esa capacidad de movilización y rebeldía? ¿Eran menos onerosas a efectos pedagógicos las horas que les obligaban a dedicar a inútiles cuestionarios sobre competencias educativas que estas dos que se les piden ahora? ¿Y los sindicatos? ¿Qué papel han jugado en esta verdadera debacle nacional en la que las víctimas siempre son los mismos?
El profesorado se hubiera cargado de legitimidad si hubiera salido a la calle cuando comenzó a quedar claro que la Logse no funcionaba, cuando psicólogos y pedagogos comenzaron a instaurarse como verdaderos comisarios políticos, cuando el sentido de la enseñanza perdió por completo su sentido. Las medidas adoptada por la Comunidad de Madrid han sido extemporáneas, torpes y contraproducentes para un debate real sobre el modelo educativo. Pero no parece de recibo que los mismos que han destrozado con saña la enseñanza pública y los que han asistido a ello quejándose, en el mejor de los casos, de puertas adentro vengan ahora a decirnos que unos pocos granos de tierra componen el desierto. No sé qué réditos políticos podría sacar la derecha atacando la enseñanza pública, lo que sí sé es que lo único que propone la izquierda es que nada cambie para que todo siga lo mismo.
Pues bien, no es verdad. Así de simple. Si hay una profesión que me ha merecido siempre admiración y respeto es la de docente. He tenido la suerte de disfrutar de profesores brillantes, apasionados, generosos. Cursé mis años de Primaria en un colegio privado religioso; la Secundaria, en un instituto público. No había punto de comparación. No sólo el nivel académico y de formación del profesorado era incomparablemente más alto en este último, sino que la propia vida del centro brindaba un aprendizaje permanente de libertad y convivencia democráticas. Mi instituto, permítanme que lo mencione a modo de homenaje, era el Martínez Montañés de Sevilla. Estamos hablando de los efervescentes años de la Transición política. Después vendrían los gobiernos de izquierda, las leyes educativas de los Solanas y Rubalcabas, el desembarco de los psicólogos y los pedagogos y la degradación imparable de la educación pública de este país.
Por eso resulta cuanto menos cínico decir que la derecha pretende que sólo estudien los ricos. Eso ya lo ha conseguido la izquierda, con un grado de efectividad inversamente proporcional a la incompetencia que ha mostrado en todo lo demás. La primera declaración del actual presidente del Gobierno, entonces aún en la oposición, que me hizo sospechar del paño demagógico que se nos venía encima, se la escuché con motivo de la aprobación de la LRU, aquella ley de Pilar del Castillo que era un intento bastante razonable de introducir ciertos cambios imprescindibles en nuestro deteriorado modelo de enseñanza pública: "la derecha-dijo con esa desenvoltura que se demostraría tan letal posteriormente- sólo quiere que estudien los ricos, mientras que lo que nosotros queremos es que todo el mundo tenga un título". Se dedicaron a regalarlos. Los que podían pagarlos enviaron a sus hijos a colegios en los que se les exigía una serie de requisitos mínimos. Los demás se daban literalmente de bofetadas para intentar conseguir que los suyos fueran admitidos en esa especie de hierro de madera que es la enseñanza concertada. Los más desfavorecidos, simplemente tenían que conformase con languidecer en meros centros de almacenamiento en los que un una reglamentación absurda no sólo impedía una transmisión mínima de conocimientos, sino que despojaba al profesor de cualquier posibilidad de administrar orden y disciplina.
Cualquiera que se relacione con docentes sabrá que tiene que reservar cierto margen de paciencia para acoger la recurrente necesidad de desahogo sobre las condiciones en las que realizan su trabajo: la incomprensión de los padres, la indiferencia de los alumnos, las aulas masificadas, la ausencia del principio de autoridad, la burocratización indecente del tiempo de trabajo… Hace años que asistimos, con simpatía y solidaridad, a esta justa letanía. En Andalucía han mostrado un rasgo admirable de dignidad al rechazar el bochornoso soborno que se les ofrecía para ser aún más cómplices en la extensión virtual del analfabetismo. Pero, uno no puede menos que preguntarse: ¿durante todos estos años, cuando era evidente que cada día que pasaba suponía un grado más en el proceso de descomposición de la enseñanza pública, dónde estaba toda esa capacidad de movilización y rebeldía? ¿Eran menos onerosas a efectos pedagógicos las horas que les obligaban a dedicar a inútiles cuestionarios sobre competencias educativas que estas dos que se les piden ahora? ¿Y los sindicatos? ¿Qué papel han jugado en esta verdadera debacle nacional en la que las víctimas siempre son los mismos?
El profesorado se hubiera cargado de legitimidad si hubiera salido a la calle cuando comenzó a quedar claro que la Logse no funcionaba, cuando psicólogos y pedagogos comenzaron a instaurarse como verdaderos comisarios políticos, cuando el sentido de la enseñanza perdió por completo su sentido. Las medidas adoptada por la Comunidad de Madrid han sido extemporáneas, torpes y contraproducentes para un debate real sobre el modelo educativo. Pero no parece de recibo que los mismos que han destrozado con saña la enseñanza pública y los que han asistido a ello quejándose, en el mejor de los casos, de puertas adentro vengan ahora a decirnos que unos pocos granos de tierra componen el desierto. No sé qué réditos políticos podría sacar la derecha atacando la enseñanza pública, lo que sí sé es que lo único que propone la izquierda es que nada cambie para que todo siga lo mismo.
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