CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: JUGANDO CON LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS

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Los arquitectos andaluces advierten de la 'ilegalidad' del plan Ola de Educación

• El Colegio Andaluz advierte del 'peligro' de abaratar demasiado las obras
• Cifra en 150 millones la deuda de Junta, ayuntamientos y diputaciones

Reyes Gómez | Sevilla

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa) ha denunciado este martes las "irregularidades" que comete la Consejería de Educación en la adjudicación de obras educativas.

El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, según el colectivo, "está usando inadecuadamente la contratación mediante el procedimiento negociado sin publicidad sin haber resuelto los contratos adjudicados para los proyectos de construcción e intervención en centros educativos en el concurso de 2010", suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De este modo, los arquitectos acusan a la Junta de adjudicar 'a dedo' obras previamente paralizadas judicialmente porque ignoraban la ley de contratos. Concretamente, citan la licitación y adjudicación de 36 lotes o encargos mediante un solo concurso (que "precisamente no garantiza la mejor oferta para cada trabajo, al no contener propuesta técnica y primar el precio ni el plazo de ejecución". Un procedimiento que ha sido recurrido por el Consejo, entendiendo que "también incumple la ley de contratos del Estado".

Acumulación de impagos

Además de las "irregularidades" en estas contrataciones, el gremio denuncia la falta de reconocimiento de la experiencia en obras de iniciativa privada; la falta de regularización de las indemnizaciones en caso de desprogramación de las actuaciones contratadas; la obligación de sufragar el control de calidad del proyecto por parte de los adjudicatarios; y la admisión como proyectistas de sociedades no profesionales, según establece la legislación vigente.

La denuncia por los sistemas de contratación pública de servicios de arquitectura por parte de la Consejería de Educación no es la única queja de los arquitectos, quienes igualmente critican la "desmesurada acumulación" de impagos de servicios prestados a las administraciones. El Consejo estima que la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones andaluzas les deben 150 millones de euros.

Aunque la institución aún está elaborando un estudio para precisar esta cuantía, el presidente del Consejo de Arquitectos, Luis Cano, ha precisado a Europa Press que la mayor parte de la deuda la arrastra el Gobierno andaluz.

Además, ha advertido a la Administración andaluza sobre la "ilegalidad" de utilizar el concurso de proyectos y obra para llevar a cabo el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA), un nuevo plan de choque encaminado a obras de mejora de la red de centros educativos públicos.

Los juzgados respaldan a los arquitectos

En este sentido, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos ha exigido a las administraciones públicas "que se respete el fondo de las resoluciones judiciales" referidas a la contratación.

Los concursos públicos deben garantizar la calidad de la arquitectura y posibilitar el acceso y la libre competencia entre profesionales. "La calidad de los proyectos y de la ejecución de las obras debe ser una apuesta decidida de las administraciones, que deben fomentar la excelencia con procedimientos eficaces y transparentes frente a los que primen el precio y el plazo", ha subrayado, tras advertir que la forma de trabajar de Educación propicia que se den "bajadas temerarias" de más del 50% del importe inicial del contrato adjudicado, algo que puede redundar en la calidad de la obra.

Todo ello, ha recordado Luis Cano, es lo que ha llevado a los órganos judiciales en los últimos tiempos a dictar actuaciones y resoluciones que evidencian "las irregularidades" en los procedimientos de las administraciones y entes públicos andaluces, porque limitan la concurrencia de los arquitectos mediante exigencias de solvencia "desproporcionada" y por la ausencia de propuestas técnicas específicas.

Los arquitectos "se están enfrentando a unos procesos de contratación pública en muchos casos irregulares, que exprimen a los profesionales en el precio y en el plazo, obligándoles a trabajar por debajo de los costes del servicio", ha agregado.

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Esta noticia se suma a la que PEPA-Profesores recogió el curso pasado, en relación con el ISE de Cádiz y la denuncia de la Fiscalía por malversación de 3,6 millones de euros en Educación al contratar obras que luego no se llegaron a ejecutar; en juego, la seguridad de alumnos y profesores.

(leer artículos sobre irregularidades, ilegalidades y anormalidades relacionadas con la seguridad en los centros en: "Chorizos a la sidra y porra antequerana" y "La señorita de música: el secreto mejor guardado"