viernes, 23 de marzo de 2012

EL PSOE EMPIEZA A APLICAR LA REFORMA LABORAL DEL PP

El PSOE se acoge a la 'reforma laboral de Rajoy' para despedir a 65 trabajadores municipales en La Línea de la Concepción
  • El Ayuntamiento adeuda el salario de 8 meses a la plantilla municipal
  • La alcaldesa reclama un adelanto de 1,5 millones de euros a la Diputación
Gemma Araújo, alcaldesa socialista de La Línea de la Concepción, no sólo está protagonizando un encierro, que se prolonga ya por ocho días, en la Diputación Provincial de Cádiz, gobernada por el PP, sino que ahora anuncia, durante el abandono momentáneo del mismo, que despedirá a 65 trabajadores municipales, acogiéndose a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy.
La dirigente del PSOE, apoyada por los cargos orgánicos de su partido en Cádiz, sigue con su huida hacia delante y persiste en su argumentario de culpar a todos por el impago de ocho mensualidades a la plantilla municipal. En ese escenario, ha anunciado que ha firmado "un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 65 trabajadores municipales, en concreto laborales indefinidos". Esta medida, que será comunicada en breve a los sindicatos y que debe tener 30 días antes de ser efectiva, supondrá el despido de estos trabajadores y el ahorro de 1,7 millones de euros en nóminas al año.
"La reciente reforma laboral de Rajoy así me lo permite. Este ERE nada tiene que ver con la relación de puestos de trabajo que se presentó hace pocas semanas. Es una medida más de las que estamos tomando para reducir gastos y no será la última que tomaremos", indicó. Recordó que la reciente financiación a proveedores municipales que hará el ICO "conlleva un plan de ajuste que hay que afrontar y se necesita tomar medidas drásticas".
Curiosamente, tras decir que iba a llevarse a cabo el despido, al margen de lo que pueda determinar la RPT, mandó un mensaje de "optimismo y compromiso", a los empleados del consistorio, ya que confirmó que se está en la recta final de negociaciones con un grupo inversor multinacional, del sector de las energías renovables, que permitirá unos ingresos extraordinarios que aliviarán buena parte de las deudas por nóminas al personal.
"La próxima semana daré más detalles al respecto y no debo decir más ahora porque cuando el Partido Popular conozca esta gestión volverá a intentar paralizar todo", aseveró la alcaldesa, quien no ofreció ni nombre de los inversores, ni cantidad alguna, por el momento.
Respecto a su encierro en la Diputación Provincial, ha explicado que "tras ocho días, he tenido que regresar. Allí han quedado varios concejales que continúan", uno de ellos ha calificado, a través de su perfil en la red social Facebook, de "fascitas" a los miembros del gobierno del PP en el órgano provincial.

'Lo que nos corresponde'

Araújo ha apuntado que regresarán "el viernes por la tarde", ya que no pretende mantener esta medida de presión en la jornada de reflexión, ni el día de las elecciones. Tras los comicios, Araújo dice que volverán a estar en la Diputación hasta conseguir "lo que en Justicia nos corresponde, el adelanto del millón y medio de euros que no quieren darnos".
La alcaldesa ha explicado también que estudia la posible presentación de una denuncia judicial contra el presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, y contra el responsable de Hacienda de esa institución, Juan Antonio Liaño.
"Hemos solicitado copia de una larga relación de decretos mediante los que se han venido entregando cantidades importantes de la recaudación a muchos municipios de la provincia. Son cantidades significativas y en ellos se ve el sectarismo y el partidismo del que hacen gala en la Diputación en ayuda de municipios gobernados por el PP".
Sea como fuere, la realidad es que el Ayuntamiento que preside Araújo adeuda ocho salarios a sus trabajadores. De hecho, desde que accedió al poder sólo ha abonado dos nóminas gracias, curiosamente, a la ayuda de la Diputación. Y ahora dice que 65 trabajadores irán al paro.
Todo ello, además, tras conocerse que la Junta de Andalucía sólo abonará 500.000 euros de los 2,5 millones que debería entregar al consistorio linense. Los delegados sindicales, mientras tanto, mantienen su acampada a las puertas del Palacio de Congresos, que se prolonga ya por 40 días.

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