LOS FUNCIONARIOS, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA OCDE

Hacer caso a lo que diga la OCDE es tan absurdo como seguir las indicaciones del FMI o Standard & Poor´s.  Los objetivos declarados de la OCDE en lo referente a políticas educativas de los estados miembros no dejan lugar a dudas. El informe más elocuente, que habla por sí solo, es uno de 1996 en el que se recomienda a los países que integran la OCDE deteriorar la enseñanza pública. Baste como muestra el siguiente extracto del mismo, que no tiene desperdicio: 

 "(...)Después de esta descripción de medidas arriesgadas, se pueden aconsejar, por el contrario, numerosas medidas que no crean ninguna dificultad política (...) Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aun a riesgo de que la calidad baje. Se pueden reducir, por ejemplo, los créditos para el funcionamiento de las escuelas o las universidades, pero sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza, y la escuela puede, progresiva y puntualmente, obtener una constribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no la de al lado. De tal manera que se evita el descontento generalizado de la población". [Documento publicado en 1996 por los servicios de estudios de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Morrison Christian, "La falsibilite politique de l'ajustament, Centro de Desarrollo de la OCDE", Cuaderno de Política Económica nº 13 OCDE 1996].

La OCDE cuestiona la idoneidad del sistema funcionarial para los docentes

14-03-2012 / EFE. DIARIO ABC

La OCDE cuestiona la idoneidad del sistema funcionarial por el que se rigen los docentes en España, al considerar que sus condiciones contractuales deberían promover el logro de objetivos educativos, lo que ayudaría a que vuelvan "a ganarse el respeto de la opinión pública".

Así se afirma en las conclusiones del estudio "Orientaciones de PISA para Canarias", elaborado por la OCDE a petición del Gobierno canario para tratar de mejorar los malos resultados obtenidos por los alumnos de las Islas en la evaluación realizada en 2009, que detectó un rendimiento inferior a la media nacional en ciencias, matemáticas y lectura.

Entre otras conclusiones, los expertos de la OCDE defienden que las condiciones contractuales del profesorado de Canarias -comunes en buena medida a todo el país- "plantean problemas graves que, de no ser atajados, continuarán limitando" su contribución "a mejorar los bajos resultados obtenidos por esta región".

No obstante, destacan que "muchos de estos problemas están relacionados con las condiciones contractuales de los funcionarios" por las que se rige este colectivo en toda España.

El estudio considera que estas cuestiones "sólo se pueden abordar a nivel nacional", aunque admite que las condiciones que tienen los funcionarios en España se rigen por una legislación nacional "difícil de modificar".

La OCDE cuestiona, por ejemplo, que los profesores "cuenten con puestos de por vida debido a su condición de funcionarios" y que, por ello, sea "prácticamente imposible despedir a un profesor o anticipar su jubilación a pesar de lo que haga o de lo ineficaz que llegue a ser", una situación que "dificulta la organización o reorganización de los centros".

De igual forma, el estudio afirma que este sistema "permite que los profesores puedan negarse a realizar cursos de reciclaje o de formación continua", lo que da lugar a que algunos "no hayan realizado ningún curso de este tipo en los veinte o treinta años transcurridos desde que concluyeron su formación inicial".

También reprueba la OCDE que en España "esté prohibido que los funcionarios realicen trabajos en el sector privado", lo que impide a los profesores de formación profesional "volver a ejercer su profesión, aunque sea temporalmente, para actualizar sus competencias y conocimientos de la materia".

Los expertos encargados de este informe PISA creen que "resulta extremadamente inapropiado insistir en que las condiciones contractuales de un profesor y de un funcionario gubernamental medio sean idénticas", dado que asumen un papel y unas responsabilidades "muy diferentes".

Así, la OCDE aboga por que los docentes cuenten con un estatus especial de funcionarios públicos, más que funcionarios del cuerpo civil, y unas condiciones contractuales "que promuevan el logro de los objetivos educacionales", lo que contribuiría a que "volvieran a ganarse el respeto de la opinión pública".

Para estos expertos, el sistema de contratación y asignación del profesorado en España "es un claro ejemplo de cómo la aplicación de las normas que rigen los contratos de los funcionarios arroja resultados que no son los deseados".

Así, cuestionan que se juzgue a los candidatos a profesores en función de si aprueban la oposición pública, ya que, en su opinión, "aprobar este examen no garantiza que se tengan las competencias y el talento que necesita un buen profesor".