jueves, 1 de marzo de 2012

VARIOS CENTROS APRUEBAN EL PLAN DE CALIDAD SIN PASAR POR CLAUSTRO

La Junta incumple su norma y aumenta la cifra de institutos que cobran por aprobar

La asociación sindical Piensa denuncia ’presiones’ para apuntarse al plan
’En algunos centros, se ha llamado uno a uno a los profesores a Dirección’
’La mayoría de los institutos se niega a cobrar a cambio de más aprobados’

Reyes Gómez. Sevilla  29/02/2012 EL MUNDO

La Junta de Andalucía ha incumplido su propia normativa para incrementar la cifra de institutos adheridos al plan que compensa económicamente a los profesores y centros que den más aprobados. Se trata del llamado ’Plan de Calidad’ por parte de la Administración ; también conocido como ’plan de los 7.000 euros’ o ’plan del soborno’, y que ha sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según la denuncia efectuada por la asociación sindical Piensa, la Consejería que dirige Francisco Álvarez de la Chica no está dispuesta a que los números le quiten la razón y el 11 de enero pasado presentó una resolución que incluía en el citado programa de mejora del rendimiento escolar "al menos" cuatro centros de enseñanza que no contaban con la autorización expresa de la mayoría de sus profesores, tal y como establece la norma.
Los centros donde se ha ignorado ésta, según ha explicado a ELMUNDO.es el presidente de Piensa, Enrique Fernández Sánchez, son los IES Montevives de Las Gabias (Granada), Mediterráneo de Salobreña (Granada), Las Lagunas de Mijas Costa (Málaga) y Ramón y Cajal de Fuengirola (Málaga).
Estos son los cuatro casos incluidos en la resolución de Educación en los que la asociación sindical ha podido constatar "a través de diversos testimonios y de pruebas documentales" sus sospechas, aunque teme que sean muchos más.
En su primera versión, de 2008, el ’plan de calidad’ fue rechazado por más del 70% de los institutos de Andalucía, cuya comunidad educativa consideraba en gran medida que el cobro de incentivos económicos de hasta 7.000 euros en cuatro años para los profesores y el aumento de la dotación económica para los centros, con la condición de que aumenten sus tasas de promoción y titulación, era como un "chantaje". Un rechazo masivo, a pesar de la ’presión’ ejercida desde la Consejería, que ésta se empeña en ignorar.
El siguiente varapalo lo recibió el Gobierno andaluz desde el ámbito judicial. En julio de 2010, el TSJA anuló dicho plan. Sin embargo, la Consejería de Educación, negándose a reconocer su error, ha reeditado una vez más "el ya conocido como ’plan del soborno’, con sutiles modificaciones que soslayan el dictamen judicial", ha explicado Fernández Sánchez.
"Temiendo un nuevo desplante por parte del profesorado, los promotores del programa han optado en la nueva edición por rebajar la mayoría de dos tercios, contemplada como requisito en la versión anterior. A pesar de ello, una vez más, en la inmensa mayoría de los institutos los docentes se han negado a cobrar incentivos a cambio de aprobar a más alumnos", razona la asociación sindical.
Los números son claros : en esta cuarta convocatoria del programa diseñado con la pretensión de reducir el fracaso escolar en Andalucía, 128 centros han solicitado entrar en este plan según la Consejería, que cifra en un 53% el de los colegios e institutos públicos andaluces (1.789) inscritos. Si bien la diferencia es abismal entre ambos grupos de enseñanza. Así, sólo el 26% de los centros de Secundaria habrían secundado el programa, a pesar de estar en su cuarto año. Un porcentaje que casi llegaría al 70% en Primaria.
En estos centros ’apuntados’ a la polémica iniciativa hay que contar, según Piensa, a los que lo han hecho bajo presión, pues "tratando de maquillar su fracaso, los responsables políticos han presionado a los directores para incorporar el máximo número de centros al programa".
De hecho, "con la complicidad en muchos casos de la Inspección Educativa", según los denunciantes, "en algunos institutos se ha conseguido la mayoría necesaria llamando uno a uno a los profesores a Dirección y en otros, sencillamente, se han ignorado los requisitos exigidos por la normativa".
Por todo ello, la asociación sindical Piensa ha presentado este viernes un recurso por vía administrativa contra la resolución de 11 de enero de 2012 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se incluyen en el ’plan de los 7.000 euros’ a institutos "que no han cumplido los requisitos establecidos" por la orden de 26 de septiembre de 2011, cuyo artículo 4.1 exige que la solicitud de participación sea hecha "a propuesta de la mayoría de los miembros del claustro".
En su recurso de alzada, Piensa solicita también que se suspenda la ejecución de la resolución recurrida para evitar "indefensión y un grave perjuicio irreparable" a los profesores que se oponen al ’plan de los 7.000 euros’.

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